Chile es actualmente clasificado como un país de ingresos altos por el Banco Mundial, pero que sufre de enormes desigualdades en diversas áreas. Una de ellas, sin duda una de las más graves, es el problema de la vivienda que con un déficit habitacional que sobre pasa por mucho cifras oficiales de cerca de 750.000 viviendas deja a más de 4 millones de chilenos y migrantes sin un lugar digno donde vivir, sin una ciudad para compartir.
Las soluciones habitacionales que el estado en su alianza con la empresa privada entrega cada año en condiciones habitables no son suficientes En realidad son muy pocas y queda claro que la entrega de subsidios para compra directa de viviendas por las familias no tiene ni puede tener éxito como fórmula para en mitigar este problema. El mercado oferta viviendas a costos mucho más altos que el monto del subsidio y la tasa de construcción no permite resolver el problema de la vivienda de la población actual ni de quienes año a año migran a Chile desde diversos países de la región buscando mejores oportunidades. Mucho menos cerrar la brecha que va creando el crecimiento vegetativo de la población
En este contexto, la organización social de las familias “sin casa” ha sido clave para avanzar en el desarrollo de nuevos modelos de diseño participativo y gestión compartida creando e implementado nuevas formas de relacionarse con él Estado en los procesos de solución de las problemáticas de la vivienda social. El proyecto Maestranza ha sido pionero en este proceso.